Usted está en: Colombianos en el Exterior

'El éxito es dependiente del esfuerzo'. Sófocles
REGRESAR

Fundación 'ONG' Población Carcelaria De Colombia Sigue En La Lucha

Presentado Recurso de Apelación ante el Consejo de Estado contra el INPEC.

Para mayor información visite la página web de la Rama Judicial y en ella, haga el seguimiento a este proceso con el siguiente radicado:
Consejo de Estado, todas las secciones
25000232400020110029501

El pasado 16 de Mayo del año 2011, el Abogado Dr. José William Sánchez, en cabeza de la Fundación ‘ONG’ Población Carcelaria de Colombia, presento ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, Demanda de Acción de Cumplimiento en contra del INPEC; esta fue originada a partir del notable incumplimiento de los derechos que, según las normas del Código de Procedimiento Penal, el Código Penal Militar y el Código Penitenciario y Carcelario, han sido pasados en alto por las Directivas del INPEC en cuanto a la falta de un verdadero proceso de resocialización y amparo al fuero Militar y de Policía.

Los temas que motivaron a la Fundación ‘ONG’ Población Carcelaria fueron: Amparo a la Acción de Cumplimiento, Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica 1969, Sentencia Tutela T-153 de 1998, Sentencia T-279 de 1998, Sentencia T-247 de 1996, Sentencia T-016 de 1995, Sentencia C-928 de noviembre de 2007, Ley 65 de 1993.

Es entonces cuando se hace necesario que aquel Estado cuente con los elementos necesarios para proteger los derechos de los internos, su vida y su integridad. Es así, como el Estado se hace responsable (patrimonialmente) de los daños causados al condenado o sindicado por las omisiones que de lugar a la vulneración o amenaza de tales derechos por parte de las mismas autoridades carcelarias, de los guardianes o de los demás reclusos, pues tales daños y violaciones de derechos son por definición antijurídicos (artículo 90 del C.P.)

Cada interno, sin importar a que Centro de Reclusión pertenezca, tiene derecho a reclamar la protección de su vida, su integridad física y moral, su salud, para lo cual se hace necesario que las dependencias carcelarias se hallen, no sólo bien dotadas desde el punto de vista material, sino atendidas con solvencia por personal idóneo, conducido y controlado por ese Estado", así los peligros que puedan correr los individuos sobre quienes recaen las resoluciones judiciales correspondientes, deben ser siempre conocidos, evaluados y controlados por las autoridades carcelarias; la responsabilidad estatal aumenta, ya que entonces deben adoptarse aun con mayor agilidad y diligencia las medidas pertinentes. (Cfr. Corte Constitucional. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-016 del 30 de enero de 1995).

El principal tema de la Fundación ‘ONG’ Población Carcelaria de Colombia, tiene que ver con la verdadera ‘RESOCIALIZACIÓN’ de los interno en cada Centro de Reclusión del País; ejecutar dicha resocialización dentro de estos centros carcelarios es una función dispendiosa y de mucho esfuerzo, pero no imposible de realizar ya que, el objetivo de estos centros es devolver hombres y mujeres de bien para que se integren a la vida, a esa sociedad que alguna vez los margino, a esas familias que desarrollaron sus proyectos de vida sin su presencia. Tarea difícil de realizar para un Estado que aun no satisface a su pueblo en muchos otros aspectos que van en función de conseguir la tan anhelada ‘mejor sociedad’.

La labor de resocialización no consiste en imponer determinados valores a los reclusos, sino en brindarles los medios para que, haciendo uso de su autodeterminación, establezca cada interno el camino de su reinserción al conglomerado social. Precisamente desde la perspectiva de la dignidad de los reclusos y de la obligación del Estado de brindarles los medios necesarios para su resocialización se deben interpretar distintos artículos del Código Penitenciario que regulan las condiciones de albergue de los Internos, y sus derechos al trabajo, a la educación y enseñanza, sanidad, a la comunicación con el exterior, la recepción de visitas, a la atención social, etc.

“…Menciona que el artículo 104, 105, 106 y 151 del Código Penitenciario dispone: “Los detenidos y condenados deben gozar de completa asistencia, médica, higiénica, odontológica, farmacéutica y hospitalaria”. Igualmente, refiere que el Código de Procedimiento Penal impone a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad y, a falta de éstos, al juez que dictó la sentencia de primera instancia, velar por que se cumpla lo preceptuado por el artículo 151 del mismo código, en el sentido de que los sindicados y los condenados tienen derecho a recibir en el lugar de reclusión un tratamiento acorde con el respeto a los derechos humanos.

A continuación, señala que en el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y el tratamiento del delincuente, celebrado en 1955, se adoptaron una serie de reglas básicas en relación con el trato a los detenidos, las cuales fueron luego aprobadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, mediante la resolución 663 del 31 de julio de 1957…”Sentencia T-153/98.

Pese a que las normas establecen la aplicación de las políticas carcelarias en Colombia, en la práctica se presenta inobservancia de las mismas. Como el Fuero Militar y de Policía, consagrado en los artículos del Código de Procedimiento Penal, articulo 27 y 29 del Código Nacional Penitenciario y Carcelario y artículos 48, 49, 532 y 533 del Código Penal Militar, se pretende que exista restablecimiento de los derechos contemplados en dichas normas y disposiciones legales, por cuanto en los centros de Reclusión Militar, Policía (CMR) y Civiles, se vienen incumpliendo aspectos normativos y constitucionales.

Otro aspecto importante, es la clasificación de los internos, como sindicados, condenados por delitos, entre otros. No queriendo decir esto, que estemos a favor de la impunidad, ya que el tratamiento disciplinario que debe implementarse para este tipo de internos debe ser acorde con el desarrollo de su profesión u oficio.

De conformidad con el Código Nacional Penitenciario y Carcelario, artículos 104, 105, 106 y 151 ibídem, vemos con gran inquietud la superpoblación carcelaria, en la población civil, por cuanto asciende a más 80.000 internos a nivel nacional; 25.000 con domiciliaria y más 3.000 militares y policías.

Así mismo, reglamentar e implementar la integración de la justicia en los centros de reclusión, como el caso del modelo americano.

Establecer programas en torno a la capacitación, educación y resocialización (beneficios administrativos) articulo 147 ibídem ley 65 de 1993, educación enseñanza, trabajo con una contraprestación monetaria acorde a la legislación laboral de 8 horas, libertad preparatoria, capacitación externa, etc. De igual forma, la falta de incentivos tributarios a favor de los empresarios, comunidades en general, asociaciones, agremiaciones, fundaciones, que con anterioridad se venían desarrollando, como es el caso de Imusa, Croydon, Corona, Postobon, entre otros.

Amparar de forma inmediata el cumplimiento de las normas enunciadas en beneficio de la Población Reclusa: Civiles, Militares y de Policía, en sus respectivos sitios de reclusión. Lo anterior ha ocasionado perjuicios morales y materiales a los internos.

Dichos códigos expresan “que los internos de la Fuerza Pública deberán cumplir su pena en Centros de Reclusión especialmente establecidos y que, a falta de estos, en las instalaciones de la unidad a la que pertenezcan”, así por ejemplo, lo muestra clara y específicamente el Código de Procedimiento Penal señalando: que el lugar de detención para determinados Servidores Públicos, los Funcionarios y Empleados de la Rama Jurisdiccional, Ministerio Público, Personal de Prisiones y cuerpo de Policía Judicial, serán detenidos en establecimientos especiales, distintos a los ordinarios de reclusión; tal derecho se extiende a los Ex - Funcionarios de los organismos mencionados y a los Funcionarios que gocen de fuero constitucional o legal.

"PARAGRAFO. Las entidades públicas o privadas interesadas podrán contribuir a la construcción de los centros especiales. En el sostenimiento de dichos centros, podrán participar entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro"...” Sentencia No. T-247 de 1996.

Queda claro que la tarea de lograr que una responsabilidad como la de ‘resocializar’ a un interno en nuestro País no es fácil, pero si buscamos los medios necesarios y nos unimos todos en la misma causa, lo podremos hacer realidad; un cambio en las políticas de estado a la hora de ejecutar los planes que ya no sirven para atender a este sector, serian el primer paso para empezar a vislumbrar una sociedad donde aquellos que cometieron algún error y que hoy los priva de su libertad, vuelvan a las calles con otra perspectiva, que su instinto de seguir infringiendo las leyes, no vuelva a hacer metástasis en sus vidas.

Esperemos entonces que esta acción valga la pena, que tanto las personas libres como aquellos que han perdido contacto con el mundo exterior, logremos hacer de este mundo un lugar en el que se pueda soñar y vivir, disfrutar y experimentar día a día lo que Dios tiene para nosotros; el cambio, ¿por dónde debe empezar?, ¿debe darse desde aquel interno que sufre en vida algo que no se desea para nadie, o desde nosotros, agentes externos que miramos desde la barrera sin aportar nada a la partida? ‘INCLUSIÓN SOCIAL’.

Redacción: Sala de Prensa Fundación ‘ONG’ Población Carcelaria de Colombia